Un proyecto de ley que busca fortalecer la responsabilidad de madres y padres frente a conductas ilícitas de sus hijos avanzó en la Cámara de Diputados, luego de ser aprobado por la Comisión de Familia y quedar en condiciones de continuar su tramitación en Sala.
La iniciativa propone establecer mecanismos para evaluar el cumplimiento de los deberes de cuidado, orientación y supervisión de los padres, especialmente cuando niños, niñas y adolescentes incurran en delitos o faltas que se encuentren fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Según informó la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Aysén, Andrea Ponce Olivares, el proyecto tiene un enfoque principalmente preventivo y busca intervenir tempranamente para evitar que estas conductas deriven en situaciones de mayor gravedad.
¿En qué casos podrían intervenir los Tribunales de Familia?
Uno de los principales aspectos del proyecto es la posibilidad de que los Tribunales de Familia evalúen eventuales incumplimientos de los deberes parentales cuando se registren determinadas conductas ilícitas de menores de edad.
La propuesta contempla su aplicación en los siguientes casos:
- Niños y niñas menores de 14 años que incurran en delitos o faltas.
- Adolescentes de 14 y 15 años que cometan faltas, siempre que no sean sujetos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
En estas situaciones, los tribunales podrán evaluar si existieron incumplimientos de los deberes de orientación y cuidado por parte de los padres.
Entre las medidas que podrían disponer se encuentran la participación en programas de habilidades parentales, procesos de revinculación familiar y otras acciones de acompañamiento.
La seremi Andrea Ponce explicó que la propuesta busca fortalecer la responsabilidad de las familias, pero también establecer mecanismos de apoyo.
“Como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, estamos convencidos de que la prevención comienza en el hogar y que madres y padres tienen un rol fundamental en la formación y orientación de sus hijos. Este proyecto busca fortalecer esa responsabilidad, entregando herramientas para intervenir oportunamente cuando niños, niñas y adolescentes incurren en conductas ilícitas. No se trata simplemente de sancionar, sino de prevenir, acompañar a las familias y evitar que estas conductas se transformen en situaciones de mayor gravedad. Queremos avanzar hacia una sociedad más segura, donde la familia asuma su rol y el Estado entregue el apoyo necesario para proteger el futuro de nuestros niños y jóvenes”, señaló.
Sanciones serían excepcionales y bajo condiciones específicas
El texto establece que los tribunales deberán considerar las circunstancias particulares de cada familia antes de determinar eventuales incumplimientos.
Entre los factores que deberán evaluarse se encuentran las condiciones personales, laborales y económicas de los hogares, con especial atención a las familias monoparentales.
De acuerdo con la propuesta, las sanciones solo podrían aplicarse cuando exista un incumplimiento grave y reiterado de las medidas ordenadas judicialmente y, además, se afecte gravemente el interés superior del niño, niña o adolescente.
Esto significa que la iniciativa no establece un nuevo régimen de responsabilidad penal para los padres, sino un procedimiento judicial que prioriza el acompañamiento familiar y el fortalecimiento de las habilidades parentales.
El proyecto también busca distinguir entre situaciones de negligencia y aquellas en que las familias necesitan apoyo del Estado para cumplir sus responsabilidades de cuidado.
Proyecto incorpora observaciones de la Corte Suprema
Durante su discusión legislativa, la iniciativa recibió observaciones que dieron origen a modificaciones presentadas por el Ejecutivo.
Entre ellas se encuentran planteamientos formulados por la Corte Suprema, considerados para delimitar el alcance del proyecto y evitar que sus disposiciones se superpongan con el sistema de responsabilidad penal adolescente.
Estas modificaciones buscan precisar los casos en que podrían intervenir los Tribunales de Familia y las condiciones bajo las cuales se adoptarían medidas respecto de los padres.
¿Cuándo podría comenzar a aplicarse?
El proyecto todavía no es ley y sus disposiciones no se encuentran vigentes.
Tras su aprobación en particular por la Comisión de Familia, la iniciativa deberá ser discutida en la Sala de la Cámara de Diputados, donde continuará su primer trámite constitucional.
Por lo tanto, las medidas contempladas en el texto aún deben completar el proceso legislativo antes de que puedan aplicarse.