El proyecto propone bajar de 65% a 35% la participación de los gobiernos regionales en los ingresos por venta de inmuebles fiscales, reducir de 6.500 a 1.500 los cupos para pasar trabajadores desde honorarios a contrata y suspender el traspaso de cinco SLEP.
El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora una serie de modificaciones que no están relacionadas únicamente con los recursos asignados a ministerios y servicios públicos. Sus 51 artículos también proponen cambios que alcanzan a los gobiernos regionales, municipios, trabajadores del Estado y al proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Uno de los principales cambios para las regiones aparece en el artículo 13 y modifica la distribución de los recursos obtenidos por la venta de inmuebles fiscales.
Actualmente, cuando el Estado vende uno de estos inmuebles, el 65% de lo recaudado corresponde al gobierno regional respectivo, un 10% a Bienes Nacionales y el 25% restante al Fisco.
Para 2027, el Ejecutivo propone que solamente un 35% quede en manos del gobierno regional y el 65% restante ingrese directamente al Fisco. Bienes Nacionales, en tanto, dejaría de recibir el 10% que actualmente le corresponde.
De aprobarse la propuesta, los gobiernos regionales perderían 30 puntos porcentuales de participación en estos ingresos. El efecto dependerá de las ventas de propiedades fiscales que se realicen en cada territorio.
Menos cupos para pasar de honorarios a contrata
El proyecto también introduce cambios en el empleo público. Durante 2026 se contemplaron 6.500 cupos para regularizar a trabajadores a honorarios mediante su traspaso a contrata, mientras que para 2027 la cifra propuesta disminuye a 1.500 personas.
La diferencia representa 5.000 cupos menos, equivalente a una reducción cercana al 77%.
Además, se mantiene la regla de reposición de vacantes por retiro en una proporción de un cupo por cada tres salidas.
Cinco SLEP no recibirían establecimientos durante 2027
En educación, el artículo 40 contempla suspender durante 2027 el traspaso de establecimientos educacionales a cinco Servicios Locales de Educación Pública: Litoral, Los Cerezos, Los Copihues, Chacabuco y Los Viñedos.
Esto significa que los establecimientos involucrados continuarían temporalmente bajo sus actuales administradores y no serían incorporados a los respectivos SLEP durante el próximo año.
En el caso de Litoral, se contemplan $2.643 millones para financiar su instalación, aunque no recibiría los establecimientos durante 2027 y las comunas involucradas continuarían un año más bajo administración municipal.
La medida coincide además con la discusión legislativa de un proyecto que busca postergar hasta 2030 la entrada en funcionamiento de 12 SLEP y que avanzó a la Sala del Senado con informe negativo de Hacienda.
Techo principal de endeudamiento subiría 44%
Otro cambio corresponde al margen autorizado para recurrir a deuda. Para 2026, el máximo principal establecido alcanza los US$17.400 millones, mientras que el proyecto para 2027 propone elevarlo a US$25.000 millones.
En ambos casos existe, además, una autorización adicional de US$600 millones.
La diferencia representa un incremento aproximado de 44% en el techo principal de endeudamiento. Se trata de una autorización máxima, por lo que no implica necesariamente que la totalidad de esos recursos vaya a ser utilizada.
La propuesta se presenta junto con una meta de déficit estructural de 1,8% del PIB para 2027, frente al 2,8% establecido para este año.
Municipios podrían enfrentar descuentos por recursos SEP pendientes
El proyecto también modifica las reglas para los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que permanezcan sin ejecutar.
Los sostenedores que mantengan saldos correspondientes a convenios vencidos desde enero de 2026 deberán presentar, hasta el 30 de abril de 2027, un plan para ejecutar esos fondos.
En caso de no hacerlo o de incumplir posteriormente el plan, deberán reintegrar los recursos. Para las municipalidades, estos montos podrán ser descontados desde el Fondo Común Municipal o del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
Cambios para acelerar inversiones públicas
Los artículos 48 al 50 incorporan medidas relacionadas con la ejecución de proyectos de inversión. Entre ellas, se establece que proyectos actualmente en ejecución podrán mantener su recomendación y se contempla una evaluación simplificada para determinadas inversiones rurales menores.
Esta última disposición se aplicaría a localidades de menos de 5.000 habitantes y a proyectos inferiores a 30.000 UTM.
Además, los proyectos de hasta 30.000 UTM mediante trato directo y aquellos de hasta 75.000 UTM mediante licitación pública podrán iniciar sus obras desde la adjudicación, sin esperar el trámite ante Contraloría.
Servicios deberán informar sumarios por licencias médicas
Finalmente, el artículo 46 incorpora obligaciones para los servicios públicos respecto de los sumarios administrativos relacionados con el uso indebido de licencias médicas.
Cada organismo deberá informar, a más tardar el 15 de enero de 2027, los procedimientos iniciados desde mayo de 2025.
Posteriormente deberán elaborarse informes trimestrales dirigidos a la Dirección de Presupuestos, Contraloría y las comisiones de Salud del Congreso.
De esta manera, la discusión del Presupuesto 2027 incluirá, además de las asignaciones de recursos para cada cartera, modificaciones a las reglas que actualmente regulan ingresos regionales, empleo público, administración educacional, financiamiento municipal, inversión y procedimientos administrativos.