Las consecuencias de una cancelación aérea por mal tiempo podrían tener nuevas reglas para las compañías si avanza un proyecto de ley impulsado por la diputada por Aysén Andrea Macías Palma, que propone establecer plazos y condiciones para la reprogramación de los pasajeros afectados.
La iniciativa surge a partir de situaciones que, según plantea la parlamentaria, se presentan con especial frecuencia en las regiones extremas durante los meses de invierno, donde una suspensión puede significar no solo la pérdida del vuelo, sino también varios días de espera y gastos adicionales.
Actualmente, frente a la cancelación de un vuelo, las aerolíneas deben ofrecer alternativas como la devolución del dinero o la reprogramación. La propuesta apunta específicamente a establecer que esta última tenga un plazo que no supere las 48 horas y que se respeten las condiciones adquiridas originalmente.
Sobre este punto, la diputada Andrea Macías señaló:
“Lo que buscamos es que podamos tener tiempos de respuesta establecidos, que no superen las 48 horas, pero además que los vuelos reprogramados se realicen en las mismas condiciones en que fueron contratados originalmente”.
Equipaje, asientos y servicios ya contratados
Otro de los aspectos planteados en el proyecto apunta a evitar que una reprogramación signifique para el pasajero volver a pagar por prestaciones que ya estaban incluidas en su compra original.
Esto considera servicios como equipaje o la selección de determinados asientos.
Al respecto, Macías manifestó:
“Nos hemos encontrado con situaciones donde los pasajeros tienen que volver a pagar por las maletas, por los asientos o por otros servicios que ya habían contratado. Creemos que reestablecer un vuelo tiene que significar mantener las mismas condiciones del servicio por el cual la persona ya pagó”.
Prioridad para determinados pasajeros
La propuesta incorpora además criterios de priorización para personas que necesiten ser reprogramadas y que se encuentren en situaciones particulares.
Entre ellas se consideran pasajeros que viajen por motivos de salud y estudiantes, además de otros casos que requieran una atención especial.
La diputada vinculó este punto con las condiciones de conectividad que enfrentan territorios como Aysén.
“En la Región de Aysén y en las zonas extremas el avión no es un lujo. Muchas veces es la única posibilidad que tienen las personas para llegar, por ejemplo, a centros de salud”, enfatizó Andrea Macías.
Esperas que pueden extenderse varios días
El proyecto también busca abordar lo que ocurre después de que las condiciones meteorológicas permiten retomar las operaciones.
Según planteó la parlamentaria, la falta de asientos disponibles puede provocar que un pasajero afectado por una cancelación deba esperar varios días antes de poder continuar su viaje.
“Sabemos que el problema no termina cuando el aeropuerto vuelve a funcionar. No puede ser que las personas tengan que esperar cinco días o más para que la aerolínea vuelva a tener un asiento disponible”, señaló Macías.
A ello se suman los gastos que pueden producirse durante la espera, entre ellos alojamiento, alimentación y traslados.
“Está el dolor que viven las personas, pero también están los gastos asociados: tener que pernoctar, alimentarse, pagar traslados y, en algunos casos, volver a gastar dinero cada vez que un viaje es reprogramado. No es posible que el costo lo siga pagando la persona”, sostuvo la diputada.
Parlamentarios de distintas regiones respaldan la iniciativa
La propuesta cuenta con el respaldo de representantes de distintas zonas extremas del país.
Según los antecedentes entregados, han adherido los diputados por Magallanes Carlos Bianchi y Javiera Morales; por Aysén, René Alinco y Alejandra Valdebenito; además del presidente de la Comisión de Zonas Extremas, Jorge Díaz, de Arica, y las diputadas Emilia Nuyado y Carolina Cucumides, entre otros parlamentarios.
Macías reconoció que la discusión de la iniciativa podría enfrentar dificultades durante su tramitación.
“Sabemos que esta es una discusión compleja y que vamos a encontrar trabas, principalmente por parte de las aerolíneas. Pero lo hemos dicho siempre: el lugar donde uno nace o donde uno vive no puede condicionar las oportunidades a las que puede acceder”, manifestó.
Finalmente, la diputada planteó que el proyecto también busca instalar una discusión conjunta entre representantes de territorios que enfrentan problemas similares de conectividad.
“Creo que esta es una primera instancia donde, como Macrozona Sur Austral, visibilizamos un problema que nos aqueja. Sabemos que no será la única vez que vamos a seguir avanzando con iniciativas conjuntas. La política pública tiene que tener una mirada territorial”, concluyó.
La iniciativa deberá avanzar ahora en su tramitación legislativa, instancia en la que se discutirá el alcance de las medidas propuestas para las aerolíneas y los derechos de los pasajeros frente a cancelaciones originadas por condiciones climáticas.