El Presidente José Antonio Kast instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones iniciar los procedimientos legales y administrativos disponibles para expulsar del país a ciudadanos extranjeros que hayan participado en los desmanes registrados durante la conmemoración del 18 de octubre.
La decisión fue comunicada por el Mandatario luego de los incidentes ocurridos el domingo, en el marco de un nuevo aniversario del estallido social.
A través de una publicación, Kast manifestó su postura frente a la participación de extranjeros en hechos de violencia y confirmó que solicitó activar los mecanismos contemplados en la legislación vigente.
“No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público”, expresó el Presidente.
El anuncio se produjo en paralelo al avance de un proyecto de ley que busca facilitar la ejecución de órdenes administrativas de expulsión que ya se encuentran firmes.
Cámara aprueba cambios para agilizar expulsiones
Este lunes, la Cámara de Diputados aprobó por 128 votos a favor y 11 en contra el informe de la comisión mixta sobre la iniciativa que modifica los procedimientos de expulsión administrativa de extranjeros.
El proyecto continuará su tramitación este martes en el Senado y contempla nuevas facultades para las instituciones encargadas de ejecutar estas medidas.
Uno de los cambios propuestos permitiría que la Policía de Investigaciones (PDI) solicite autorización a un juez de garantía para ingresar al domicilio de una persona extranjera que tenga una orden de expulsión, con el objetivo de localizarla y ejecutar la medida.
De acuerdo con el texto aprobado por la Cámara, el magistrado deberá resolver la solicitud en un plazo de 24 horas, manteniéndose la exigencia de autorización judicial previa para ingresar al inmueble.
Nuevas herramientas para localizar a extranjeros en situación irregular
La propuesta también contempla modificaciones en las atribuciones del Servicio Nacional de Migraciones.
El organismo podría solicitar a particulares, empresas y funcionarios públicos información de personas extranjeras en situación irregular, incluyendo nombre completo, domicilio y correo electrónico, para facilitar las notificaciones relacionadas con los procedimientos migratorios.
Sin embargo, esta facultad tendría restricciones: no podría aplicarse respecto de menores de edad ni utilizarse para obtener antecedentes desde establecimientos de salud o recintos educacionales.
Entre las medidas incluidas en el proyecto se encuentran el registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad, nuevas modalidades de notificación electrónica y tácita, y la posibilidad de retener documentos de viaje.
Reducen plazos para reclamar y amplían prohibición de reingreso
Otro de los cambios considerados en la iniciativa apunta a los mecanismos de reclamación frente a una orden de expulsión.
Actualmente, el plazo para presentar una reclamación es de diez días. La propuesta busca reducirlo a cinco días.
Además, la presentación de un recurso dejaría de suspender automáticamente la ejecución de la expulsión, debiendo aplicarse las reglas correspondientes para determinar si procede detener el procedimiento.
El texto también amplía las causales de expulsión administrativa, incorporando las graves afectaciones al orden público.
En cuanto a las restricciones para regresar al país, se propone aumentar de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso a Chile.
Asimismo, las órdenes administrativas de expulsión permanecerían vigentes hasta que sean ejecutadas.
Proyecto aún debe completar su tramitación
Aunque la Cámara de Diputados respaldó el informe de la comisión mixta, las modificaciones propuestas todavía no constituyen una ley vigente, ya que resta su tramitación en el Senado.
Por otra parte, la instrucción anunciada por el Presidente Kast apunta a utilizar los mecanismos legales y administrativos actualmente disponibles para abordar los casos de extranjeros involucrados en los desmanes del 18 de octubre.
De esta manera, el anuncio presidencial y el avance legislativo corresponden a dos actuaciones distintas: la primera busca activar procedimientos bajo la normativa vigente, mientras que la segunda pretende modificar las herramientas y condiciones para ejecutar futuras expulsiones administrativas.