Coyhaique · Región de Aysén
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Gobierno propone quitar al INDH la facultad de presentar querellas criminales y reducir su consejo de 11 a 5 integrantes

La reforma también contempla crear una Dirección Ejecutiva y reemplazar las querellas por denuncias ante las autoridades competentes. La seremi de Justicia de Aysén, Andrea Ponce, defendió la iniciativa, aunque el comunicado oficial no explica cómo estos cambios afectarían la capacidad de actuación del organismo.

Gobierno propone quitar al INDH la facultad de presentar querellas criminales y reducir su consejo de 11 a 5 integrantes

Eliminar la facultad del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para presentar querellas criminales y reducir de once a cinco los integrantes de su consejo son dos de las principales modificaciones que contempla el proyecto de reforma impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa busca modificar la estructura y las atribuciones del organismo encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en Chile. Entre sus propuestas también se encuentra la creación de una Dirección Ejecutiva responsable de la administración y funcionamiento institucional.

Uno de los puntos centrales es el cambio en las facultades judiciales del INDH. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de Aysén, el proyecto pretende sustituir la posibilidad de presentar querellas criminales por una atribución de denuncia institucional ante las autoridades competentes.

Esto implica una modificación en las herramientas de actuación judicial del Instituto, aunque la propuesta mantendría su facultad para interponer recursos de amparo y protección.

¿Qué implicaría eliminar la facultad de presentar querellas?

La propuesta plantea una diferencia relevante entre las atribuciones que actualmente tiene el INDH y aquellas que conservaría si la reforma es aprobada.

Mientras hoy el organismo puede presentar querellas criminales, el proyecto busca reemplazar esa atribución por la posibilidad de formular denuncias institucionales.

El comunicado del Gobierno no detalla cómo se aplicaría este cambio en casos concretos de eventuales vulneraciones de derechos humanos, ni explica qué mecanismos permitirían al Instituto intervenir posteriormente en los procedimientos penales.

Tampoco entrega antecedentes que permitan establecer si la modificación mantendría, reduciría o reemplazaría mediante otros mecanismos la capacidad de intervención judicial del organismo.

Estas son cuestiones relevantes para evaluar los efectos prácticos de la reforma, más allá de los objetivos de modernización institucional planteados por el Ejecutivo.

Reducción del consejo y creación de una Dirección Ejecutiva

Otro de los cambios propuestos corresponde a la reducción del Consejo del INDH, que pasaría de once a cinco integrantes.

Paralelamente, la iniciativa considera establecer una Dirección Ejecutiva encargada de la administración y el funcionamiento del organismo.

El Gobierno sostiene que estas modificaciones buscan avanzar hacia una institución más eficiente y representativa.

Sin embargo, el comunicado regional no precisa cómo se seleccionarían los cinco integrantes del nuevo consejo, qué sectores participarían en su conformación ni cuáles serían las atribuciones específicas de la futura Dirección Ejecutiva.

Por lo tanto, con los antecedentes difundidos no es posible determinar cómo la nueva estructura garantizaría los objetivos de pluralismo, transversalidad e independencia mencionados por la autoridad.

Seremi de Justicia de Aysén defiende la propuesta

La seremi de Justicia y Derechos Humanos de Aysén, Andrea Ponce Olivares, calificó la iniciativa como un avance en materia institucional y destacó los objetivos que persigue el Ejecutivo.

“Esta propuesta es un avance en mejoramiento institucional, contribuyendo a construir una institución que goce de prestigio, confianza y transversalidad como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, estamos impulsando una reforma que busca fortalecer al Instituto Nacional de Derechos Humanos, dotándolo de una estructura más moderna, eficiente y representativa, queremos una institución que genere confianza, que actúe con independencia y transversalidad, y que sea reconocida por todos los chilenos. Los Derechos Humanos son de todas las personas, sin distinciones políticas ni ideológicas, y por eso es fundamental contar con un organismo que concentre sus esfuerzos en la promoción y protección de estos derechos, con atribuciones claras y respetando las funciones que corresponden a otras instituciones del Estado”.

La declaración expresa la posición favorable de la autoridad regional frente al proyecto, pero no constituye por sí sola una evaluación de sus posibles consecuencias sobre las funciones del INDH.

La reforma también abre un debate sobre la independencia del INDH

El proyecto ingresó al Congreso el 19 de octubre de 2026 y se encuentra en su primera etapa de tramitación legislativa, en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La propuesta ha generado posiciones distintas. Mientras el Ejecutivo argumenta que los cambios permitirían fortalecer el carácter técnico y consultivo del INDH, sectores de la oposición han manifestado preocupación por la eliminación de sus facultades para presentar querellas criminales.

Además, el informe financiero asociado a la reforma contempla una reducción del 50% de la dotación regional y del 70% de los abogados de la unidad de protección, junto con un ahorro fiscal estimado de aproximadamente $3.721 millones anuales una vez implementados los cambios.

Estos antecedentes, que no aparecen en el comunicado de la Seremi de Justicia de Aysén, incorporan otra dimensión al debate: las consecuencias que una eventual reducción de personal podría tener sobre la presencia territorial y la capacidad de atención del Instituto.

En el caso de Aysén, el comunicado de la autoridad regional tampoco explica cómo se garantizaría la atención de denuncias, el acompañamiento de personas afectadas o el acceso a las funciones del INDH si se modifica su estructura territorial.

Por ahora, las modificaciones son propuestas legislativas y no cambios vigentes. Su aprobación dependerá de la tramitación en el Congreso.

La discusión, por tanto, no se limita a la modernización administrativa que destaca el Gobierno. También comprende el alcance de las atribuciones judiciales, la independencia institucional, la representación en el consejo y la capacidad efectiva del INDH para desarrollar sus funciones de protección de los derechos humanos.

Fuentes: Comunicado de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Aysén; proyecto de reforma al INDH, Boletín N.º 18754-17; cobertura de BioBioChile del 19 de octubre de 2026 sobre el proyecto y su informe financiero; antecedentes de Emol sobre las reacciones parlamentarias del 20 de octubre de 2026.

Revisa el comunicado aquí

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