Los dos decretos acordados por la administración de Pedro Sánchez con Sumar incluyen medidas sobre contratos de alquiler y protección residencial, pero deberán enfrentar una compleja tramitación en el Congreso.
El gobierno de Pedro Sánchez acordó con Sumar dos reales decretos con nuevas medidas para enfrentar la crisis de vivienda en España, luego del desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con discapacidad, ocurrido el pasado viernes.
Entre las principales disposiciones se contempla detener los desalojos hasta 2030, prorrogar determinados contratos de arriendo por dos años, congelar valores según las zonas residenciales y regular los alquileres por temporada.
Uno de los decretos está centrado en la protección residencial y la regulación de los arriendos, mientras que el segundo aborda la renovación automática de los contratos de alquiler.
Esta última medida busca dar continuidad a los arrendamientos y evitar que los inquilinos deban abandonar sus viviendas o enfrentar nuevas condiciones económicas únicamente por el vencimiento de sus contratos.
De acuerdo con France 24, “el paquete incorpora, además, otras medidas económicas y fiscales dirigidas a determinados inquilinos, propietarios y compradores jóvenes, según la información publicada sobre el acuerdo”.
Medidas enfrentarán discusión en el Congreso
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Sumar no asegura la aprobación de las iniciativas en el Parlamento.
Partidos de oposición como el Partido Popular (PP) y VOX anticiparon su rechazo a las medidas, al igual que el partido catalán Junts.
En tanto, otras fuerzas de izquierda, entre ellas partidos regionales y Podemos, han planteado que las propuestas quedan “cortas” para enfrentar la crisis de vivienda.
La siguiente fecha contemplada para la discusión es el viernes 2 de octubre, cuando el Congreso tiene previsto realizar un pleno extraordinario solicitado por el Gobierno para votar la convalidación de ambos reales decretos-ley.
Este tipo de normas son aprobadas por el Ejecutivo ante circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, pero posteriormente deben someterse al control del Congreso, que puede convalidarlas o derogarlas dentro del plazo constitucional de 30 días desde su promulgación. La Cámara también puede acordar su tramitación como proyectos de ley mediante el procedimiento de urgencia.
Entre los principales aspectos pendientes se encuentra la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar cada decreto, considerando que el acuerdo entre PSOE y Sumar no garantiza los votos suficientes.
También deberá definirse el alcance concreto de las disposiciones, incluyendo los contratos que estarán cubiertos, las excepciones y la forma en que se aplicarán las nuevas reglas.
Además, continuarán en discusión materias relacionadas con la continuidad de los contratos, la protección frente a los desalojos y las restricciones a los grandes inversores.
Si el Congreso convalida los decretos, las medidas podrán continuar aplicándose en los términos establecidos. Si alguno es rechazado, quedará derogado, mientras que el otro podrá seguir un recorrido parlamentario independiente.