Un funcionario de Carabineros de la Sexta Comisaría de Quellón fue formalizado por el delito de apremios ilegítimos, tras ser acusado de obligar a un estudiante menor de edad a bajarse los pantalones y realizar una sentadilla frente a sus compañeros de curso.
El hecho ocurrió el pasado 17 de agosto en el Liceo Rayen Mapu, ubicado en la comuna de Quellón, Región de Los Lagos, durante un procedimiento policial relacionado con el supuesto robo de un teléfono celular.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía de Quellón, el funcionario habría sometido al adolescente a una situación humillante al interior de la sala de clases, en presencia de otros estudiantes.
La investigación se encuentra a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Fiscalía detalló lo ocurrido en la sala de clases
El fiscal subrogante de Quellón, Felipe Rodríguez, entregó antecedentes sobre la conducta que se atribuye al funcionario policial durante el procedimiento.
“Se pudo establecer que este funcionario policial, en el contexto de este procedimiento, al interior de la sala de clases, ordenó a uno de los estudiantes que estaba presente, un menor de edad, a que se le acercara”, explicó el persecutor.
Según el relato de la Fiscalía, posteriormente el carabinero habría ordenado al adolescente bajarse los pantalones y realizar una sentadilla frente al resto del curso.
“Acto seguido, lo instó a que bajara sus pantalones, teniendo un short debajo de su pantalón este joven, y lo obligó a que realizara una sentadilla enfrente de todo el grupo curso, generando así una situación humillante para el joven”, precisó Rodríguez.
Estos antecedentes forman parte de la investigación penal por apremios ilegítimos que desarrolla el Ministerio Público.
Tribunal decretó medidas cautelares y 90 días de investigación
Tras la formalización, el tribunal resolvió imponer al funcionario policial dos medidas cautelares: prohibición de salir del país y prohibición de acercarse a la víctima.
Asimismo, se estableció un plazo de investigación de 90 días, período durante el cual podrán desarrollarse nuevas diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del procedimiento.
Durante esta etapa, tanto la defensa del imputado como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) podrán solicitar actuaciones investigativas adicionales.
El caso continuará bajo investigación de la PDI y la Fiscalía de Quellón, mientras se reúnen los antecedentes necesarios para determinar las eventuales responsabilidades penales del funcionario formalizado.