Contraloría detectó 485 funcionarios suspendidos que continúan recibiendo remuneraciones y casos que se extienden hasta por cuatro años y siete meses. Solo los diez procesos de mayor duración implicaron cerca de $671 millones en pagos.
Las extensas demoras detectadas por la Contraloría General de la República en la tramitación de sumarios administrativos abrieron un nuevo debate en el Congreso, donde parlamentarios buscan determinar eventuales responsabilidades de jefes de servicio y avanzar en medidas para evitar que estos procesos permanezcan sin resolver durante años.
El último Consolidado de Información Circularizada reveló que 485 funcionarios públicos permanecen suspendidos de sus funciones y continúan recibiendo remuneraciones. El levantamiento de información consideró a 662 organismos públicos y no incluyó a las municipalidades.
Entre los casos detectados existen procedimientos que alcanzan los cuatro años y siete meses, mientras que solo en los diez de mayor duración se habrían desembolsado cerca de $671 millones en remuneraciones.
Las demoras también pusieron el foco sobre quienes tienen a su cargo la tramitación de los procedimientos, considerando que el plazo legal señalado para los sumarios es de 60 días.
El director de la Escuela de Administración Pública UDP, Rodrigo Espinoza, explicó que las eventuales responsabilidades administrativas podrían alcanzar tanto al fiscal designado como a las jefaturas de los organismos involucrados.
“Sí, existe riesgo de que las jefaturas pudieran caer en eventuales responsabilidades administrativas y ser también objeto de sumario”, advirtió.
Por su parte, el director de la Escuela de Derecho U. Finis Terrae, Pablo Alarcón, planteó que para establecer una eventual responsabilidad del director de un servicio tendría que iniciarse un nuevo procedimiento.
“Hay una tardanza del fiscal, pero ¿es solo él el responsable? No, porque justamente quien lo designó como fiscal también eventualmente podría tener responsabilidad administrativa, pero para eso habría que hacer un nuevo sumario, esta vez contra el director del servicio”, explicó.
Diputados piden evaluar eventuales acciones
En el Congreso, diputados solicitaron al Consejo de Defensa del Estado evaluar posibles acciones civiles y penales contra quienes resulten responsables de las prolongadas demoras.
El diputado de Renovación Nacional Diego Schalper, uno de los impulsores de la solicitud, sostuvo que el Congreso debe ejercer su función fiscalizadora frente a estos casos.
“Los chilenos miran con mucha rabia cuando se producen estas situaciones y acá tiene que haber una respuesta clara y contundente de parte de aquellos que estamos a cargo de la fiscalización”, enfatizó.
La diputada del Partido Demócrata y presidenta de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Joanna Pérez, anunció además que la instancia abordará los antecedentes junto a Contraloría y buscará ampliar la revisión hacia las municipalidades, que quedaron fuera de las cifras conocidas.
“Aquí quedan fuera los municipios. Como presidenta de la Comisión de Gobierno vamos a tomar estos temas, vamos a invitar a la contralora y exigir buscar una solución para no malgastar los recursos públicos”, afirmó.
A partir de los antecedentes conocidos, la discusión en el Congreso estará centrada en determinar qué medidas administrativas o legislativas pueden adoptarse para acelerar la resolución de los sumarios y establecer eventuales responsabilidades por las demoras.
Fuente: Bio Bio Chile