La Región de Aysén quedó contemplada para enero de 2029 en el nuevo calendario de implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, cuya modificación fue aprobada recientemente por la Cámara de Diputados y ahora deberá continuar su tramitación legislativa en el Senado.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno, busca reorganizar la puesta en marcha de esta nueva institucionalidad, destinada a reunir distintos servicios de orientación, asesoría y representación jurídica, además de programas de atención a víctimas.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio de Justicia, el proyecto modifica las tres etapas de implementación establecidas originalmente en la Ley N.º 21.780 y las reemplaza por dos fechas.
La primera está prevista para enero de 2028 e incluye a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo y Valparaíso.
En tanto, Aysén formará parte del segundo grupo, junto con las otras nueve regiones restantes del país, cuya incorporación está programada para enero de 2029.
Aunque esto significa que la región deberá esperar hasta esa fecha para la instalación del nuevo servicio, la modificación permitiría completar su implementación nacional diez meses antes de lo contemplado inicialmente.
Otro de los cambios propuestos es reducir de 30 a 12 meses el período durante el cual coexistirán la nueva institucionalidad y las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial. Según el Ministerio de Justicia, esta medida busca disminuir la duplicidad de estructuras y procedimientos administrativos.
¿Qué cambiará con el nuevo servicio?
El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas busca concentrar en una sola institución prestaciones que actualmente se encuentran distribuidas en distintos programas.
Entre sus funciones se consideran la entrega de información y orientación legal, asesoría y representación jurídica, atención a víctimas y programas especializados que hoy desarrollan las Corporaciones de Asistencia Judicial.
También contempla la administración del sistema de mediación familiar y la promoción de mecanismos de resolución colaborativa de conflictos.
Desde la Región de Aysén, la seremi de Justicia, Andrea Ponce, valoró la aprobación de la propuesta y sostuvo que la nueva institucionalidad permitiría abordar las dificultades de acceso a estos servicios en el territorio.
“Para nuestra región de Aysén, este es un avance muy importante, porque nos permitirá contar con una nueva institucionalidad que busca facilitar el acceso a la Justicia, especialmente para quienes enfrentan mayores dificultades para recibir orientación y apoyo jurídico. Sabemos que, en una región con las características geográficas de la nuestra, acercar estos servicios a las personas es fundamental. Por eso, valoramos la aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados, que permitirá adelantar la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, avanzando hacia una atención más oportuna, cercana y eficiente”, señaló la autoridad.
Implementación todavía depende del Congreso
Pese a la aprobación obtenida en la Cámara de Diputados, el nuevo calendario aún no está definitivamente establecido, ya que el proyecto debe continuar su discusión en el Senado.
Por ahora, enero de 2029 es la fecha propuesta para la incorporación de Aysén, en el marco de una reorganización que busca acelerar la instalación del servicio a nivel nacional.
El comunicado del Ministerio de Justicia no detalla cómo se distribuirá territorialmente la atención en Aysén ni qué mecanismos específicos se contemplan para facilitar el acceso de las localidades más apartadas de la región.