La Ley N.º 21.850 para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, publicada el 17 de octubre en el Diario Oficial, incorpora modificaciones en materia de contribuciones, vivienda, tributación empresarial, actividad acuícola y regularización de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Aunque el Gobierno presenta estas disposiciones como herramientas para estimular la economía y apoyar a las familias, los antecedentes difundidos en la Región de Aysén no incluyen cifras que permitan establecer cuántas personas podrán acceder a los beneficios ni cuál sería su efecto concreto en las comunas.
El comunicado entregado por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de Aysén destaca las oportunidades que, según el Ejecutivo, abriría la normativa. Sin embargo, no incorpora estimaciones regionales sobre beneficiarios, inversión adicional, generación de empleo o recursos fiscales comprometidos.
El seremi de Vivienda y Urbanismo y seremi de Gobierno subrogante, Fabián Rojas, sostuvo que la legislación responde a distintas necesidades del territorio.
“Esta ley aborda materias que tienen una relación directa con las necesidades de nuestra región. Estamos hablando de beneficios para personas mayores, medidas que buscan dinamizar la construcción de viviendas y disposiciones que facilitan el desarrollo de actividades productivas. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha planteado la recuperación económica como una prioridad, y eso significa generar condiciones para que las regiones también puedan crecer, atraer inversión y crear nuevas oportunidades de trabajo”, señaló.
No obstante, el comunicado no presenta antecedentes que permitan cuantificar esas oportunidades para Aysén.
Exención de contribuciones: no beneficiará automáticamente a todos los adultos mayores
Una de las principales medidas anunciadas es la exención del pago de contribuciones de la vivienda principal para personas de 65 años o más.
El beneficio comenzará a regir el 1 de enero de 2027, pero estará sujeto a condiciones relacionadas con la propiedad, el uso del inmueble como residencia habitual y otras obligaciones legales, además de los procedimientos que establezca el Servicio de Impuestos Internos.
Esto significa que cumplir 65 años no será suficiente, por sí solo, para acceder a la exención.
El comunicado tampoco informa cuántos adultos mayores de la Región de Aysén pagan actualmente contribuciones por su vivienda principal ni cuántos cumplirían las condiciones para obtener el beneficio.
Sin esos antecedentes, todavía no es posible dimensionar su cobertura regional ni el ahorro económico que podría representar para los hogares.
Viviendas nuevas: la rebaja del IVA tiene restricciones
La ley también establece una exención temporal del Impuesto al Valor Agregado para la primera venta de determinadas viviendas nuevas.
Entre los requisitos informados se encuentra que las propiedades cuenten con recepción municipal definitiva anterior a la publicación de la normativa.
Por lo tanto, la medida no equivale a eliminar el IVA de todas las viviendas nuevas ni permite concluir que cualquier persona que compre una propiedad podrá acceder al beneficio.
Tampoco se entregaron cifras sobre cuántas viviendas disponibles en Aysén cumplen las condiciones establecidas, ni estimaciones del efecto que la exención podría tener sobre sus precios de venta.
Otro aspecto que no queda aclarado en el comunicado es en qué medida un eventual ahorro tributario se reflejaría en el precio final pagado por los compradores.
Al abordar las disposiciones habitacionales, Rojas señaló:
“Sabemos que el acceso a la vivienda y los gastos asociados a mantener una propiedad son preocupaciones importantes para muchas familias. Por eso, valoramos que esta legislación contemple medidas en ambos ámbitos. En el caso de las personas mayores, se establece un beneficio que puede representar un alivio económico para quienes cumplan las condiciones, mientras que en vivienda se incorporan incentivos que buscan dar mayor dinamismo al sector de la construcción”, explicó.
La declaración plantea los resultados esperados por el Ejecutivo, pero el material oficial no incluye proyecciones específicas que permitan medirlos en el mercado habitacional regional.
Rebaja de impuestos a empresas: falta conocer el impacto regional
En materia tributaria, la legislación contempla una reducción gradual del impuesto de primera categoría del régimen general, desde el 27% hasta el 23%.
Según el calendario publicado por el Servicio de Impuestos Internos, las tasas serán de 25,5% para el año tributario 2028, 24% para 2029 y 23% para 2030. La ley también contempla disposiciones específicas para las pequeñas y medianas empresas.
La reducción de la carga tributaria puede modificar las condiciones financieras de las empresas, pero no permite asegurar que esos recursos se traduzcan automáticamente en nuevos puestos de trabajo, mayores remuneraciones o inversiones en Aysén.
El comunicado regional tampoco presenta estimaciones sobre cuántas empresas accederán a las modificaciones, qué sectores concentrarían los beneficios ni cuánto dejaría de recaudarse por estas rebajas.
Acuicultura: procedimientos más rápidos, pero sin cifras de inversión
La normativa incorpora modificaciones destinadas a agilizar informes técnicos y procedimientos relacionados con concesiones y relocalizaciones acuícolas.
De acuerdo con la información oficial, estos cambios mantienen las exigencias ambientales aplicables.
Sin embargo, el comunicado no identifica proyectos específicos que podrían beneficiarse en Aysén, ni cuantifica las inversiones que se espera facilitar.
Tampoco entrega antecedentes que permitan establecer cuánto disminuirían los tiempos de tramitación o cómo se evaluarán los resultados de estas modificaciones.
Se trata de aspectos relevantes para determinar si la simplificación administrativa tendrá efectos concretos en la actividad productiva regional.
Deudas del CAE: mecanismos de pago, no condonación general
La legislación también contempla convenios especiales de pago mediante la Tesorería General de la República para determinados deudores del Crédito con Aval del Estado cuya garantía estatal se haya hecho efectiva.
Asimismo, establece mecanismos de reprogramación para personas en mora que cumplan las condiciones correspondientes.
Estas medidas no equivalen a una eliminación general de las deudas universitarias.
El comunicado no informa cuántos deudores del CAE de la Región de Aysén podrían acogerse a las alternativas ni cuáles serían las condiciones económicas concretas de los convenios.
El desafío de medir los resultados en Aysén
Las disposiciones de la Ley N.º 21.850 tienen distintos plazos de entrada en vigencia. Algunas comenzarán a aplicarse durante los próximos meses y otras seguirán un calendario gradual.
El seremi Fabián Rojas destacó la importancia de informar a las familias sobre las medidas disponibles.
“Queremos que las familias de Aysén conozcan estas medidas y puedan informarse sobre los beneficios que les correspondan. La recuperación económica debe traducirse en oportunidades concretas para las personas, los trabajadores y quienes emprenden en nuestra región. Ese es el propósito de avanzar con una legislación que combina apoyo social, incentivos a la inversión y medidas para fortalecer el desarrollo del país”, concluyó.
Más allá de los objetivos planteados por el Ejecutivo, el alcance de la legislación en Aysén deberá evaluarse a partir de antecedentes verificables: número de beneficiarios, ahorro efectivo para los hogares, proyectos de inversión concretados y evolución del empleo.
Por ahora, el comunicado regional informa las medidas contempladas en la ley, pero no aporta una estimación cuantitativa de sus resultados esperados en la región.
Fuentes: Comunicado de la Seremi de Gobierno de Aysén, fechado el 20 de octubre de 2026; Ley N.º 21.850 publicada en la Biblioteca del Congreso Nacional. Información del Servicio de Impuestos Internos sobre medidas tributarias y calendario de implementación, publicada el 19 de octubre de 2026.