El Ministerio de Justicia anunció este viernes la suspensión de la tramitación de decretos de rebajas de condenas, en medio de la controversia generada por los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y violaciones a los derechos humanos.
La decisión fue comunicada luego de conocerse que, durante la actual administración, se dictaron 56 decretos de rebaja de condena por delitos sexuales contra menores, correspondientes a 27 casos de abuso sexual y 29 de violación.
El anuncio representa un cambio en la postura que había sostenido el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien anteriormente defendió la concesión de estos beneficios argumentando que respondían a una obligación respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Sin embargo, tras una revisión de la normativa, el ministerio informó que identificó un “vacío legal” relacionado con las restricciones aplicables a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes cometidos antes de 2022.
Gobierno anuncia suspensión y cambios legales
De acuerdo con lo informado por la cartera, el Ejecutivo impulsará modificaciones legislativas con discusión inmediata para restringir el acceso a estos beneficios.
El ministro Fernando Rabat explicó que las iniciativas estarán orientadas a abordar la situación de quienes fueron condenados por delitos cometidos antes de la reforma de 2022.
“Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, señaló.
Respecto de la decisión de suspender los procedimientos, el secretario de Estado agregó:
“Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”.
No obstante, el comunicado ministerial no precisa cuánto tiempo se mantendrá la suspensión ni cuál será su fundamento jurídico específico. Tampoco aclara cómo se procederá frente a solicitudes que cuenten con órdenes judiciales o si la medida abarcará condenas por otros delitos.
Asimismo, no se informó que las rebajas ya otorgadas vayan a quedar sin efecto.
Fallos de la Corte Suprema forman parte de la controversia
Uno de los principales puntos de discusión ha sido la interpretación de la reforma legal de 2022, que incorporó restricciones para acceder a reducciones de condena.
Según la explicación inicial del Ministerio de Justicia, la jurisprudencia mayoritaria y reiterada de la Corte Suprema impedía aplicar esas exclusiones a delitos cometidos antes del 9 de febrero de 2022.
Sin embargo, una revisión publicada por BioBioChile identificó cuatro causas en las que el máximo tribunal respaldó decisiones que negaron el beneficio por hechos anteriores a esa reforma. Tres de esos fallos fueron dictados durante el actual Gobierno.
Estos antecedentes no permiten concluir que las 56 rebajas otorgadas sean ilegales, pero han generado cuestionamientos respecto de la interpretación jurídica utilizada para concederlas.
La controversia también provocó críticas de parlamentarios, abogados y del exministro de Justicia Jaime Gajardo. En ese contexto, el Partido Comunista anunció gestiones para reunir firmas destinadas a interpelar al ministro Fernando Rabat.
Rebajas también alcanzaron a condenados por crímenes de la dictadura
La discusión se extendió a beneficios concedidos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.
Según los antecedentes informados por Justicia, durante la actual administración se dictaron tres decretos de rebaja de condena por secuestro calificado y tortura, dos de ellos correspondientes a internos de Punta Peuco.
Entre los casos conocidos se encuentra el de César Acuña Luengo, exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado por los secuestros de cinco detenidos desaparecidos en 1987.
De acuerdo con la información publicada, un decreto permitió descontar 19 meses de su condena.
¿Qué modificaciones propone el Ministerio de Justicia?
Entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo se encuentra una iniciativa para modificar el procedimiento de reducción de condenas, revisar las causales de exclusión y establecer reglas sobre los requisitos aplicables a los postulantes según la fecha de los delitos.
También se contempla incorporar disposiciones destinadas a garantizar el derecho de las víctimas a ser oídas durante estos procedimientos.
En paralelo, el Gobierno anunció que impulsará el proyecto de ley que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, iniciativa que, según el comunicado ministerial, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
Por ahora, la decisión informada por el Ministerio de Justicia consiste en suspender la tramitación de nuevos decretos mientras se promueven cambios legislativos. Los antecedentes disponibles no establecen que las reducciones de condena ya concedidas hayan sido revocadas ni que exista una resolución definitiva sobre su legalidad.
Fuente: BioBio Chile