Los parlamentarios iniciaron la recolección de firmas para investigar eventuales vulneraciones de derechos, negligencias y maltratos en establecimientos de larga estadía. La iniciativa incluye entre sus antecedentes las denuncias conocidas en el ELEAM de Coyhaique.
Los diputados René Alinco y Alejandra Valdebenito iniciaron la recolección de firmas para impulsar una Comisión Especial Investigadora de la Cámara que indague eventuales vulneraciones de derechos, negligencias, maltratos e irregularidades en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) de todo el país.
La iniciativa surge a partir del incendio ocurrido el 11 de septiembre en el hogar El Edén de Pitrufquén, donde fallecieron 16 personas mayores, y de las denuncias conocidas en el ELEAM de Coyhaique.
La propuesta busca revisar la actuación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Salud, Senama y otros organismos competentes frente a situaciones ocurridas entre 2019 y 2026, particularmente aquellas relacionadas con negligencias en los cuidados, maltrato y vulneraciones a la dignidad de las personas mayores.
Denuncias en Coyhaique
En el caso de Coyhaique, el diputado René Alinco ha denunciado presuntas irregularidades relacionadas con falta de insumos básicos, ausencia de personal profesional y eventuales abusos. Estos antecedentes fueron puestos en conocimiento de distintos organismos y motivaron una fiscalización de la Contraloría Regional de Aysén.
“Hoy día, en Chile, los derechos humanos de nuestros adultos mayores no están siendo respetados”, sostuvo Alinco, quien además afirmó que durante las últimas semanas se habrían registrado cinco fallecimientos en el recinto de Coyhaique.
El parlamentario también cuestionó la respuesta obtenida después de una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social.
“Yo esperaba una respuesta más firme, acciones a seguir de parte del ministerio. No se anunció absolutamente nada”, señaló.
De acuerdo con los antecedentes incluidos en la solicitud parlamentaria, existen 993 establecimientos autorizados y otros 505 sin resolución sanitaria. También se mencionan 1.659 fiscalizaciones realizadas desde 2023 y cientos de sumarios sanitarios actualmente en tramitación.
Alinco y Valdebenito plantearon, “guardando las diferencias”, que el país podría estar enfrentando un “caso Sename de las personas mayores”, afirmación que utilizan para fundamentar la necesidad de que el Congreso investigue la capacidad de fiscalización y respuesta del Estado.
“Es una obligación política, un compromiso social y un compromiso humano de esta Cámara de Diputados formar rápidamente esta comisión e investigar las irregularidades que existen en nuestro país referente a nuestros adultos mayores”, afirmó Alinco.
Si la solicitud reúne las firmas necesarias y posteriormente obtiene el respaldo de la Sala, la Comisión Especial Investigadora tendrá un plazo máximo de 180 días para revisar las actuaciones de los organismos involucrados y entregar sus conclusiones a la Cámara de Diputadas y Diputados. La instancia también podrá constituirse en distintos lugares del país.