La presidenta de COPSA, Gloria Hutt, expuso ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados y señaló que los valores quedan establecidos en las bases de licitación y contratos de cada proyecto.
La presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), Gloria Hutt, aseguró que las empresas concesionarias no son las encargadas de fijar las tarifas que pagan los usuarios en las autopistas, durante su exposición ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que revisa el sistema de concesiones.
La instancia parlamentaria fue creada para recabar antecedentes sobre los contratos de concesión de autopistas urbanas e interurbanas, incluyendo la determinación de peajes y TAG, los ingresos contemplados en los contratos y el destino de esos recursos.
Según explicó Hutt, el sistema funciona mediante una asociación público-privada en la que el Estado conserva la propiedad de la infraestructura y establece las condiciones de cada proyecto a través de las bases de licitación y los respectivos contratos.
En ese contexto, sostuvo que las tarifas quedan determinadas durante el diseño de los proyectos y posteriormente forman parte de las condiciones que las empresas aceptan cuando participan de una licitación.
De acuerdo con su exposición, los concesionarios tampoco pueden modificar unilateralmente las tarifas ni los periodos en que estas son aplicadas. Las modificaciones contractuales requieren la intervención de organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
Comisión revisa funcionamiento del sistema de concesiones
La comisión investigadora surgió en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento de las concesiones y los recursos que recibe el Estado.
Según los antecedentes entregados, desde 2021 el Fisco recibe, mediante distintos mecanismos establecidos en las segundas concesiones, el 100% de los ingresos de tres peajes de la Ruta 60, cerca del 50% en el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 y el 25% en la Ruta 78.
Hutt también abordó las críticas respecto de que algunas autopistas estarían completamente pagadas y que los cobros actuales corresponderían únicamente a utilidades de las empresas.
La presidenta de COPSA descartó esa afirmación y explicó que una parte de los proyectos todavía se encuentra dentro de sus respectivos periodos de concesión y que los ingresos también deben cubrir deudas, costos de operación y obligaciones contempladas en los contratos.
Respecto de las futuras relicitaciones, señaló que estas no representan automáticamente una extensión de las concesiones originales y pueden considerar nuevas inversiones. La determinación de relicitar una infraestructura, sostuvo, corresponde al Estado.
En materia de fiscalización, Hutt afirmó que tanto los contratos como la operación de las concesiones están sometidos a controles permanentes y que cada proyecto cuenta con inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas.
Diputados consultaron por tarifas, seguridad y caleteras
Tras la presentación de la presidenta de COPSA, los integrantes de la comisión plantearon consultas relacionadas con las multas municipales vinculadas al uso de determinadas vías y la posibilidad de disminuir las tarifas de los peajes.
También se abordó la necesidad de reforzar los sistemas de televigilancia para prevenir delitos como las encerronas y se plantearon inquietudes respecto del estado de algunas caleteras, debido a que su deterioro limitaría su utilización como vías alternativas de circulación.