En el marco del caso nacional por uso irregular de licencias médicas en la administración pública, la región de Aysén registró su primera desvinculación de una autoridad con cargo relevante. Se trata de Paola Azócar Betancur, quien hasta esta semana se desempeñaba como directora regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Según informó Radio Santa María, Azócar habría hecho uso de una licencia médica en el año 2024, hecho que motivó la solicitud de su renuncia desde la dirección nacional de la entidad, en medio de una investigación que involucra a centenares de funcionarios públicos a nivel nacional.
Al respecto, el delegado presidencial regional de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, señaló que “para nosotros [es] muy lamentable, era una gran profesional. Yo lo siento mucho por el Ministerio de Obras Públicas, por el Departamento de Arquitectura de ese ministerio, porque es una gran profesional. Más allá de que naturalmente lamentamos que haya incurrido en esta falta […] tenemos que seguir avanzando”.
La autoridad regional fue enfática en señalar que se tomarán todas las medidas necesarias para enfrentar estos hechos: “Nosotros vamos a aplicar todo el rigor de la ley del Estatuto Administrativo en el caso de los empleados públicos. Desde el punto de vista del Consejo de Defensa del Estado, vamos a perseguir a aquellas personas que obtuvieron esos recursos para que sean reintegrados a las arcas públicas, y también a través del Ministerio Público, si hay delito, para que sean sancionados adecuadamente”.
Consultado sobre la posibilidad de nuevas desvinculaciones, Díaz Guzmán explicó que no manejan aún la nómina completa de funcionarios involucrados. “No tenemos toda la nómina aún de funcionarios. Sabemos que hay un número importante en función de lo que somos como región. Cada institución, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda están chequeando que los sumarios sean implementados en los tiempos y formas que se ha establecido”, indicó.
El caso, que ha generado amplio debate a nivel nacional, involucra el uso de 466 licencias médicas por parte de funcionarios públicos para salir del país entre los años 2023 y 2024, según antecedentes entregados por la Contraloría General de la República. En la región de Aysén, se espera que los sumarios administrativos continúen su curso en los distintos servicios involucrados.