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SII se querella contra 6 inmobiliarias: vendieron a una Gobernación inmuebles a precio estratosférico

Tras una auditoría se pudo determinar que el costo directo de los bienes raíces vendidos al Gobierno Regional de Coquimbo habían sido incrementado de manera maliciosa: se los vendieron en $9 mil millones y las inmobiliarias los adquirieron por $485.229.830.

El Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de su Dirección Regional de La Serena, comunicó que interpuso una querella por el delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, contra los representantes legales de seis inmobiliarias.

Se trata de las empresas Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A. y todos quienes resulten responsables.

Las firmas, representadas por Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolas Fabian Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud, vendieron a la Gobernación de Coquimbo en 2020, “6 bienes raíces por $9 mil millones, monto muy superior a los $485.229.830 por los que dichas inmobiliarias los adquirieron en 2014”.

En el marco de la presentación de esta querella, el subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, enfatizó que “lo que buscamos con este tipo de acciones es entregar un mensaje claro: nadie debe afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos. Con esto además buscamos un efecto ejemplarizador, que desincentive a otros a realizar este tipo de delitos”.

“Excesivo”, “incrementado de manera maliciosa”

En su comunicado el Servicio explicó que, luego de revisar los antecedentes de la carpeta investigativa que llevaba el Ministerio Público por fraude al fisco asociado a esta compra, logró detectar que el costo tributario de los inmuebles al momento de su venta era efectivamente excesivo.

Por ello inició un proceso de auditoría tributaria para fiscalizar “el correcto cumplimiento de la declaración y pago del Impuesto a la Renta de Primera Categoría y del Impuesto Único del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, correspondiente al año tributario 2021”, con la finalidad de detectar si determinación del costo directo de los terrenos para el período comercial 2020, por parte de las sociedades mencionadas, fuera el que correspondía.

A partir de esa auditoría, agregó el SII, se pudo determinar que “efectivamente el costo directo de los bienes raíces vendidos al Gobierno Regional de Coquimbo, por parte de las sociedades inmobiliarias, había sido incrementado de manera maliciosa, mediante un proceso de reorganización empresarial injustificado, a través del cual imputaron como costo más de $3.881 millones, como consecuencia de un aumento de capital ficticio (suscrito, no pagado)”.

Con esa información, el SII inició un proceso de recopilación de antecedentes en contra de las 6 sociedades, lo que permitió detectar que las declaraciones anuales de impuesto a la Renta (Año Tributario 2021) fueron presentadas “de manera maliciosamente falsa, debido a que el costo tributario declarado en ellas fue generado artificialmente, mediante una planificación tributaria fraudulenta”.

El objetivo de esa planificación fue disminuir la base imponible del impuesto de primera categoría que se generaría con ocasión de la enajenación de bienes raíces de propiedad de las empresas ya indicadas.

El perjuicio fiscal generado por concepto de Impuesto a la Renta en este caso es de cerca de $900 millones.

Origen del caso

Este caso, comentó el SII en su comunicado, se inició cuando el Ministerio Público comenzó una investigación criminal, luego de haber sido informado por parte de la Contraloría, de los resultados obtenidos de una investigación administrativa en la que se detectó la compra -por parte del Gobierno Regional de Coquimbo- de 6 inmuebles a un precio muy superior al valor real de mercado.

Esta compra se realizó mediante un contrato de compraventa que no habría cumplido con el trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República, dado que este organismo no aprobó dicha operación.

En el marco de su investigación por fraude al fisco, el Ministerio Público informó al Servicio de Impuestos Internos de los antecedentes, con el objetivo de que este organismo pudiera investigar la posible existencia de Delitos Tributarios.

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